Así deben actuar las empresas si hay brechas de seguridad según la guía de la AEDP
La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha presentado el 19 de junio la Guía para la gestión y notificación de brechas de seguridad junto a ISMS Forum y en colaboración con el Centro Criptológico Nacional (CCN) e INCIBE. El objetivo de esta guía es ofrecer a las organizaciones tanto recomendaciones preventivas como un plan de actuación, de forma que conozcan cómo evitar las brechas de seguridad y cómo proceder en caso de que se produzcan.
El Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) define las quiebras de seguridad de los datos personales como aquellos incidentes que ocasionan la destrucción, pérdida o alteración accidental o ilícita de datos personales, así como la comunicación o acceso no autorizado a los mismos.
Con anterioridad a la aplicación del RGPD, la obligación de notificar a la Agencia las brechas de seguridad que pudiesen afectar a datos personales se ceñía exclusivamente a operadores de servicios de comunicaciones electrónicas y prestadores de servicios de confianza.
Desde el pasado 25 de mayo, esta obligación pasa a ser aplicable a cualquier responsable de un tratamiento de datos personales, lo que subraya la importancia de que todas las entidades conozcan cómo gestionarlas.
De acuerdo con el Reglamento, cuando el responsable del tratamiento tenga conocimiento de que se ha producido una brecha de la seguridad de los datos personales debe notificarlo sin dilación a la autoridad de control competente, y a más tardar en las 72 horas siguientes a haber tenido constancia de ella. Esta notificación a la Agencia debe realizarse a menos que sea improbable que dicha brecha de la seguridad constituya un riesgo para los derechos y las libertades de las personas físicas.
Si la brecha de seguridad entraña un alto riesgo para los derechos y libertades de las personas (como, por ejemplo, el acceso ilícito a usuarios y contraseñas de un servicio), además de la comunicación a la autoridad de control, el responsable del tratamiento debe, adicionalmente, comunicar a los afectados la brecha de seguridad con lenguaje claro y sencillo y de forma concisa y transparente.
Por último, la notificación de una quiebra de seguridad no implica la imposición de una sanción de forma directa, ya que es necesario analizar la diligencia de responsables y encargados y las medidas de seguridad aplicadas.
